NOTA DE INTERÉS

Intervención sobre el precio del alquiler de propiedades

El sector inmobiliario fue uno de los más afectados durante la pandemia de coronavirus, pero también uno de los mejores y más rápidos de superar. El ritmo de operaciones en el segmento de alquiler sigue aumentando, pero las administraciones públicas insisten en aplicar medidas para “mejorar” el acceso al arrendamiento.

El mercado de la vivienda en alquiler se autorregula por tendencia natural, de acuerdo con la ley de oferta y demanda. Pero no todas las voces están de acuerdo con esta idea y consideran diferentes mecanismos para lograr una pseudonacionalización del parque de viviendas de alquiler.

Así, el año pasado estuvo marcado por Cataluña y su decisión de distanciarse de la tendencia natural del mercado del alquiler, y apostó por la limitación de precios. Una decisión que fue ampliamente criticada, ya que podría conducir a aumentos de precios, reducción de la oferta y un auge de la economía sumergida.

En declaraciones a MERCA2, el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, Julián Salcedo, criticó que la situación política que vive Cataluña “la está convirtiendo en un mercado aislado, que funciona de forma diferente al resto de España, y afecta no solo al mercado de alquiler sino también al mercado de promoción e inversión inmobiliaria, del que se han retirado un buen número de actores a la espera de los acontecimientos ”.

INTENCIÓN DE LIMITAR A NIVEL NACIONAL

La decisión de Cataluña podría extenderse al resto del país, ya que el vicepresidente segundo y consejero de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, se reunió hace unos meses con los dirigentes del Sindicato de Inquilinos y planteó la posibilidad de aprobar un precio. Reglamento de alquiler a nivel estatal. Poco después, el Gobierno anunció que antes de marzo fijarán los precios de alquiler. Una medida calificada de "puramente ideológica" y "contraria al mercado de libre alquiler".

Para Beatriz Toribio, directora general de Asval, la regulación del precio del alquiler a nivel nacional “conseguirá un efecto contrario al deseado. No solo a nivel sectorial, también lastra la imagen del país, y no ayuda en nada a atraer la inversión que el futuro del sector del alquiler necesita a través de fórmulas de colaboración público-privada ”, explicó a este medio.

CASTIGO DE SOCIMIS

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año incluyen una dura medida contra las sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas: ahora tendrán un impuesto mínimo del 15%. Sin duda, un retroceso ya que hasta ahora contaban con un régimen fiscal muy ventajoso, con una tasa del 0%.

Una imposición mínima, que se aplicará a los beneficios no distribuidos, que por ley están obligados a distribuir al menos el 80% del beneficio generado en España, y que supone un duro revés para las Socimis.

Sin embargo, los expertos recuerdan que cerca del 96% del parque de viviendas de alquiler en España está en manos de pequeños propietarios, por lo que esta medida se califica de "disparate".

De hecho, algunas voces creen que es un "ardid" presionar a estas empresas para que reduzcan su presencia en el alquiler residencial, y así lograr más fácilmente la regulación del precio del alquiler a nivel estatal.

AUMENTO DEL PARQUE DE VIVIENDAS

La cartera del segmento de alquiler ha aumentado en el último año, con la incorporación de propiedades del mercado vacacional y apartamentos compartidos. Así, muchos propietarios han optado por el mercado de alquiler tradicional para evitar el riesgo de impago, o tener sus inmuebles cerrados y correr el riesgo de sufrir una ocupación ilegal.

Sin embargo, a pesar de que ha aumentado el número de viviendas de alquiler en España, no consigue absorber la demanda existente. Cada vez son más las personas que se decantan por el mercado del alquiler, tras ser expulsadas del segmento de compra y venta.

E incluso, ya hay potenciales inquilinos que no pueden acceder a este segmento por los estresados ​​precios, y deben decidir o volver a la vivienda familiar, u optar por otras modalidades como pisos compartidos, coliving o residencias.

En este sentido, una supuesta nacionalización del mercado de alquiler generaría un aumento “artificial” de la oferta como consecuencia de la nueva regulación de medidas anti-desalojo, para proteger a los propietarios de posibles efectos negativos sobre la propiedad y obtener cobertura ante posibles juicios. patrimonial frente a las Administraciones.

Como era de esperar, los propietarios aumentarían los precios de alquiler para cubrir el mayor riesgo que tendrán que asumir y la posible disminución de la rentabilidad de sus inversiones. Además, aumentarán los requisitos contractuales de los inquilinos, lo que aumentaría el crecimiento de la economía sumergida, tanto en arrendamientos no declarados como en precios declarados.

PLAN DE ALQUILER MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Madrid pone en marcha el 25 de enero el Plan Integral de Alquiler Municipal a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). Con una dotación de 30 millones de euros a tres años, pretende ampliar la oferta de vivienda de alquiler en la capital, poniendo en el mercado actualmente pisos vacíos, incluidos los apartamentos turísticos.

Este Plan ofrece un convenio entre los propietarios de viviendas desocupadas y el Ayuntamiento. A cambio, este último garantizará el cobro de la renta a los propietarios durante el plazo pactado, un mínimo de cuatro años. Por lo tanto, incluso si la casa está vacía, el propietario recibirá su alquiler.

El precio de alquiler de la propiedad se fijará teniendo en cuenta los precios de mercado y en función del número de habitaciones, ubicación y tamaño, entre otros. Entonces no se trata de renta social, sino de facilitar el acceso a la vivienda para la clase media.

Por otro lado, este plan también cuenta con un 'bono de vivienda' para inquilinos, con el objetivo de abonar parte de la mensualidad. Así, el inquilino paga buena parte del alquiler y la diferencia correrá a cargo del ayuntamiento.

Pero esta nueva medida choca de frente con el negocio de las agencias de garantía de alquiler, que garantizan el cobro del alquiler a los propietarios, que ya están reaccionando a este nuevo plan. Creen que es un paso más para controlar este segmento residencial y, de paso, reducir la presencia de pisos turísticos.

Fuente Merca2.

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